En un contexto de liberalización del mercado, el Estado promueve el interés público mediante la regulación de las empresas.
En nuestra firma, aseguramos a nuestros clientes una sólida comprensión de la realidad jurídica y económica que enmarca el funcionamiento de los mercados regulados, proporcionando:
Asesoramiento y representación a nivel nacional y europeo en todas las etapas de la relación con las autoridades de regulación sectorial.
En el sector de las comunicaciones, el asesoramiento sobre los procedimientos de reglamentación, incluido el suministro de redes y servicios, análisis de mercado y la imposición de obligaciones reglamentarias, concesión de licencias y la asignación de los derechos de uso de frecuencias y números, y el servicio universal.
En el sector de medios de comunicación, asesoramiento sobre la producción, la difusión y explotación de los contenidos audiovisuales, el desarrollo de plataformas de distribución (Internet, televisión analógica y digital y radio), las licencias, la gestión individual y colectiva de los derechos de propiedad intelectual, la sociedad de servicios información, análisis de mercado y la concentración de los medios de comunicación.
Abogados para la Unión Europea
La integración de las economías europeas se desarrolla en un marco de políticas, instrumentos e instituciones con sede en el Derecho de la Unión Europea. Lapeña y de Benito, abogados Arona, ofrecemos a nuestros clientes un conocimiento sólido y el constante monitoreo de esta realidad mediante:
Asesoramiento sobre las reglas de funcionamiento del mercado interior: la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Asesoría en las políticas sectoriales de la Unión Europea (política agrícola, la sociedad de la información y medios de comunicación, la política económica y financiera, política industrial y el comercio internacional).
Dentro de los litigios comunitarios, nuestros abogados ofrecen la representación de nuestros clientes ante los tribunales comunitarios: el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de la Función Pública.